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El Congreso admite una Proposición de Ley sobre garantía de derechos y mejora de inclusión social de las personas con discapacidad.

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Fecha publicación: 30-03-2012

El Congreso de los Diputados, por unanimidad, tomó en consideración, ayer noche, la Proposición de Ley sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular .

Esta proposición de ley, entre otros aspectos, abarca los siguientes campos:

-Reforma del Código Civil, en varios sentidos:

*Otorgar a cualquier ciudadano la facultad jurídica de elegir tutor para el caso de que quedara incapacitado, así como establecer órganos de fiscalización de la tutela y designar a las personas que lo integran u ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes del tutelado.

*Destinar los abintestatos que reciba el Estado a fines de interés social.

*Sufragar por las instituciones municipales y provinciales programas de promoción de la autonomía personal a cargo de organizaciones sociales de acreditada trayectoria.


-En materia de Empleo: modificación del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto de Empleado Público, en los siguientes aspectos:

*Reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. De ese siete por ciento de reserva total, un dos por ciento se reservará para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. 

*Revisión de la cualificación de las infracciones por incumplimiento de la cuota de reserva del 2% para empresas con más de 50 trabajadores o de la aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional, considerándolas como infracción muy grave. 

*Convocatoria de plazas reservadas en turno independiente. 

*Acumulación de las plazas no cubiertas al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del quince por ciento. 

*Adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios, recursos y apoyos en el proceso selectivo. Una vez superado dicho proceso, adaptaciones y apoyos en el puesto y en el lugar de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad.


Tras esta toma en consideración, comienza ahora su tramitación parlamentaria, que es la que debe conducir a la aprobación del texto final.
 

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