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Condenan a la dueña de un pub por no admitir a unas personas con síndrome de Down

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Fecha publicación: 30-03-2012

En la sentencia del Juzgado Penal número 12 de Valencia, el magistrado considera que la mujer cometió un delito contra los derechos fundamentales de los ocho jóvenes de entre 19 y 22 años con síndrome de Down a los que se les negó la entrada.

La gerente del local, ubicado en la zona de ocio de la plaza de Cánovas del Castillo, deberá además indemnizar con la cantidad simbólica de un euro a la Asociación Asindown de Valencia en concepto de daños morales, tal y como ésta -a la que pertenecen los demandantes- reclamó en el juicio.

Por otro lado, el juez ha absuelto al relaciones públicas del pub, al que también se ha juzgado por estos hechos, por considerar que no actuó con intención discriminatoria hacia estos clientes.

El tribunal declara probado que en la noche del 15 de diciembre de 2006 un grupo formado por ocho jóvenes -siete con síndrome de Down y uno con otra discapacidad- que iba acompañado por tres monitores y dos responsables de la Fundación Asindown entró al pub 'Me vuelves loco coco loco' y que la responsable del local les invitó a abandonarlo.

El juez estima que Coral C.S. cometió aquella noche una "clara discriminación" al no admitir en su negocio al grupo de discapacitados después de ver sus "características personales".

Apunta asimismo que la procesada trató en todo momento de evitar que el grupo de personas con síndrome de Down permaneciera en su local incluso argumentando que era porque se trataba de personas con discapacidad psíquica, "sin que atendiera a la protección especial que merecen sino a la molestia que se deduce de su estancia en lugar".

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaude la reciente sentencia pues las situaciones de discriminación contra las personas con discapacidad son todavía habituales, por lo que hay que combatirlas con todos los medios del Estado de Derecho, incluido la tutela judicial a través de la jurisdicción penal.

El CERMI viene recomendando a toda persona con discapacidad que sufra un abuso o un trato desigual a que denuncie la situación, y que acuda para ello a las organizaciones representativas de la discapacidad, para recabar orientación y apoyo.

De este modo, será más fácil erradicar los comportamientos discriminatorios que violan los derechos de las personas con discapacidad, un 10% de la población.

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