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Publicado el Real Decreto sobre adaptación normativa a la Convención sobre Derechos de las personas con Discapacidad.

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Fecha publicación: 30-03-2012

Si bien no recoge todos los cambios que deben efectuarse, por la gran cantidad de reformas que se han de acometer, hay que saludar la iniciativa y rapidez con la que el Gobierno de España ha impulsado estas normas, que esperamos pueda ser completado este trabajo en la siguiente legislatura.

Se introducen importantes modificaciones que afectan a las siguientes materias:

- La designación de mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recaído en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad. El nombramiento se hace a los efectos del número 2 del artículo 33 de la Convención.
Esta designación supone culminar la destacable labor ya que el CERMI venía ejerciendo esta función por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad que lo designó como mecanismo independiente de seguimiento en el año 2007, pero con este real decreto ese estatus queda consolidado al establecerse en una disposición jurídica de rango reglamentario. Esta designación se hace sin perjuicio de las funciones del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos.

- Transporte para personas con discapacidad

Se han introducido cambios en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. Su objeto es incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte y establecer un criterio para deslindar las grandes infraestructuras y servicios de las de pequeña entidad.
El umbral que se incorpora para estas últimas es un tráfico igual o menor a 750 viajeros/día. Las pequeñas infraestructuras y servicios tienen obligaciones en una serie limitada de campos (Perros-guía y de asistencia; información; servicios de larga distancia; situaciones de emergencia; dispositivos de alarma en material móvil; plazas reservadas) y las grandes en todos los campos.
Asimismo, los puertos de interés general en los que haya líneas regulares de viajeros con un tráfico superior a 200.000 pasajeros/año, así como las estaciones marítimas que igualmente tengan actividades de crucero con un tráfico superior a dicha cantidad, deberán disponer de los planes de accesibilidad
Estos cambios intentan mejorar los derechos de movilidad de las personas con discapacidad.

- Sociedad de la información y medios de comunicación social.

La modificación tiene como finalidad mejorar la accesibilidad a INTERNET. A tal objeto se incorporan las disposiciones de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

- Protección Civil.

La modificación, que afecta a tres Reales Decreto1, consiste en garantizar la asistencia en general de las personas con discapacidad, regular protocolos de actuación específicos, así como incluir en los cursos de formación materias relacionadas con la asistencia a personas con discapacidad.
Afecta, en general, al sistema de protección civil, Emergencia Nuclear, protección civil ante el riesgo radiológico y unidades de apoyo ante desastres.

- Capacidad para ser testigo ante los Notarios.

Por fin, tras ser reivindicado reiteradamente por el CERMI, se ha reconocido la capacidad plena de las personas con discapacidad para ser testigos en actos notariales. Solo podrán excluirse a las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato que se firme ante Notario.

- Sanidad

Los cambios realizados están dirigidos a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Para ello, se prevé la utilización de formatos adecuados en la información que se proporciona al paciente y la asistencia y el apoyo en la prestación de consentimiento de las personas con discapacidad.
Afecta a:
- Las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos (Modificación del Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre)
- La donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (Modificación del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre)
- La hemodonación (Modificación del Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre)
- Los ensayos clínicos con medicamentos (Modificación del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero)
- Suministro de información de las comunidades autónomas.
Con el fin de consolidar la información nacional relativa al cumplimiento de la Convención, las comunidades autónomas remitirán anualmente datos estadísticos sobre la situación de las personas con discapacidad relativos al reconocimiento de grado de discapacidad, movilidad, edad, sexo, datos sobre prestaciones o beneficios reconocidos por las Administraciones autonómicas y otras informaciones que se acuerden. De esta forma contaremos, además, con una información más rica sobre la situación de las personas con discapacidad, que nos ayude a comprender mejor su situación y plantear nuevas estrategias y acciones.

- Reconocimiento del grado de discapacidad.

Se ha suprimido la obligación que tenían los órganos competentes en el reconocimiento del grado de discapacidad de reflejar en la Resolución la circunstancia de no alcanzar el grado de discapacidad del 33%, cuando quien lo solicitaba eran los pensionista de invalidez permanente, los cuales tienen asimilado el grado de discapacidad en un 33% a los efectos de la Ley 51/2003 (LIONDAU) Esta norma que se elimina creaba un cierto confusionismo sobre la situación a efectos del reconocimiento de la discapacidad en las personas afectadas.


Fuente: Asesoría Jurídica del Cermi

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