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Andalucía cree que la reforma de la dependencia supone recorte de derechos.

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Fecha publicación: 10-07-2012

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que la reforma de la ley de Dependencia que el Gobierno aprobará el próximo viernes supone un "recorte" en los derechos sociales de los ciudadanos, algo para lo que la Junta "no dará su aprobación".

A la espera de la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que presidirá la ministra Ana Mato, la consejera andaluza ha asegurado que, por la información de la que dispone la Junta, la reforma supone un recorte en los derechos sociales de los ciudadanos. Ha recordado que el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad había eliminado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el nivel acordado de dependencia, lo que supone para Andalucía dejar de percibir 70 millones de euros, según ha explicado Montero, que espera conocer mañana "cambios sustanciales" en la ley.

La consejera ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para llegar a "acuerdos consensuados que permitan transitar por este momento de dificultad económica", pero ha advertido de que Andalucía "no va a dar su aprobación a ningún cambio sustantivo que suponga retroceder en los derechos de los ciudadanos". Montero, que ha asegurado no contar todavía con la "propuesta concreta en términos económicos" de las modificaciones, ha destacado que no se puede "intentar orientar un modelo a que las personas tengan que estar necesariamente institucionalizadas", y ha rechazado que "quien quiera vivir en su casa con ayuda de su familia tenga menos ponderación que quien tiene que ir a una residencia".

La consejera de Salud ha hecho estas declaraciones tras presidir en Sevilla la reunión constituyente de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, en la que ha afirmado que "el Estado del bienestar es sostenible" y ha defendido que no se utilice la crisis "como coartada" para su desmantelamiento. La Mesa del Tercer Sector es una nueva entidad integrada por organizaciones de carácter social y que pretende ser un "factor de cohesión y unidad de acción" de éstas para defender "el valor de lo social" y propiciar la máxima colaboración público-privada en beneficio de las personas más desfavorecidas. Las seis organizaciones suman 96.000 voluntarios y trabajadores que atienden a 1,8 millones de personas en la comunidad autónoma y tienen previsto mantener una ronda de encuentros institucionales con los máximos responsables políticos, económicos y sociales para buscar soluciones en favor de los colectivos con mayores necesidades sociales.

 

Fuente: EFE

 

 

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