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Asociaciones de la discapacidad y dependencia demandan al Gobierno mayor compromiso presupuestario con las políticas sociales.

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Fecha publicación: 04-10-2012

Tras conocerse a finales de la pasada semana el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contempla un recorte del 14,4 por ciento en las partidas destinadas a política de Servicios Sociales y Promoción Social, las asociaciones de la discapacidad han comenzado a manifestar su descontento con lo que consideran una “desatención” por parte del Gobierno.

Si bien el gasto contemplado en los PGE 2013 para partidas de política de Servicios Sociales y Promoción Social es un 34,4 por ciento más que el año anterior, alcanzando la cifra de los 2.848,49 millones de euros, de esta cantidad 1.034 millones de euros van a atender obligaciones de ejercicios anteriores. Por lo tanto, según informa Europa Press, en términos homogéneos las políticas sociales para este año sufren un recorte del 14,4 por ciento hasta los 1.814,49 millones de euros.

Ante esta disminución en la cantidad contemplada, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal), Luis Cayo Pérez Bueno, considera, que el Gobierno "se equivoca profundamente al no atender a las personas con discapacidad y tendrá consecuencias electorales".

Así lo afirmó en una entrevista concedida para el programa Gestiona Social, puesto en marcha por Gestiona Radio y Servimedia, en la que calificó de "pésima y lamentable" la propuesta presupuestaria.

A su juicio, "España tiene la obligación moral, política y jurídica para dar una explicación a las personas con discapacidad y sus familias, que son los que más necesidades tienen".

Asimismo, sostuvo que la reducción del presupuesto para discapacidad y dependencia "no va a resolver a (Cristóbal) Montoro sus cuentas públicas y su fiscalización por parte de Bruselas". En su opinión, "hace un gran daño social, que es casi irreparable". Para él, es la voluntad política y la ambición las que hubiesen permitido ahorrar de otras partidas.

"Nos encontramos en una situación catastrófica, en emergencia y de guerra", dijo. Así lo expresó para referirse a la actual situación del movimiento asociativo de la discapacidad como consecuencia de los recortes y la crisis. Según expuso, "las asociaciones de la discapacidad no sólo reivindican y presionan para tener mejores leyes y mejores presupuestos, sino que prestan y gestionan miles de servicios, al mismo tiempo que atienden dispositivos básicos que aseguren un mínimo de dignidad".

Un sector en peligro

En esta línea, Luis Cayo Pérez Bueno aseguró que el movimiento asociativo "está en peligro" porque las subvenciones no llegan, incluso aquellas subvenciones que ya están aprobadas, no se abonan.

Por ello, destacó la importancia de que las entidades sociales se organicen y creen conciencia social, por lo que hizo referencia a la necesidad de que las entidades sociales se movilicen, ya que "una situación de emergencia tiene que llevar a una movilización social, de presencia, de conciencia política".

También denunció que esta situación "nos condiciona en el empleo, en la asistencia sanitaria, en la educación, en nuestros derechos humanos básicos", al mismo tiempo que manifestó que "no podemos tolerar tener menos fuerza y hay que conseguir que la agenda política de la discapacidad esté presente en la agenda global del país".

"Como movimiento social exigimos que se repare la deuda histórica del Gobierno con las entidades en términos económicos, al mismo tiempo que se adopten otras medidas que nos pueden ayudar a salir de esa situación de exclusión de no normalidad cívica y ciudadana en la que nos encontramos las personas con discapacidad", concluyó.

Ley de Dependencia y SAAD

Por su parte, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) --patronal mayoritaria en el sector-- y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS) consideran que la partida prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que reduce en 200 millones la dotación del nivel mínimo, supondrá de facto "la muerte del sistema", informa Europa Press.

Así lo ha señalado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, para incidir en que el recorte es "de todo punto impresentable", supone "auténticamente la puntilla, la muerte de la Ley de Dependencia" e implica que "tanto empresas como particulares lo van a pasar muy mal" porque es un sector de 5.000 compañías que da trabajo a 300.000 empleados y atiende a un millón de ciudadanos.

Según ha dicho, sea "por mala planficación, mala finaciación, por no haber aportado lo que se debía o por lo que sea", el caso es que la norma se muere y "lo van a pagar los ciudadanos que teniendo un derecho no lo van a percibir y las empresas, que están ofreciendo un servicio por debajo del coste, que no lo van a cobrar".

El presidente de la FED dice entender "cada día menos" lo que el Gobierno está haciendo con este sector, "que tiene oferta, demanda, crea empleo y genera retornos positivos". "Sin embargo, todas, absolutamente todas las administraciones públicas prefieren apostar por sectores sin demanda como el del automóvil y a nosotros, que podríamos ser el motor de crecimiento el año que viene nos están hundiendo", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la asociación de DYGSS, José Manuel Ramírez, habla de "demolición controlada de la Ley de Dependencia" en forma de reducción del número de beneficiarios y de la calidad en intensidad de las atenciones; con un predominio de "la abaratada prestación de cuidadores familiares" y con "graves consecuencias" directas por la mayor destrucción de empleo que ocasiona el "desmantelamiento" de la red de centros y servicios.

Reducción de servicios

"La política del actual Gobierno respecto a la atención a la dependencia ha sido recortar para destruir. La imposibilidad financiera para las comunidades autónomas de poner servicios a disposición de las personas dependientes abocará a las mismas a optar por las ya ridículas ayudas económicas para cuidados en el hogar, forzará a muchas personas cuidadoras (mujeres) a la exclusión laboral, desmantelará las redes de servicios públicos y una buena parte del tejido empresarial del sector y destruirá decenas miles de empleos: los de ahora y los del futuro", aseguran.

Los DYGSS recuerdan que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluye una partida de 1.034 millones de euros que Sanidad habrá de transferir a la Seguridad Social para saldar la deuda de las cotizaciones de los familiares cuidadores, lo que "genera el espejismo de un aumento del gasto en dependencia que es irreal y del que no disfrutarán las personas dependientes".

"Según nuestras estimaciones, solo para atender en 2013 a las personas incorporadas actualmente en el sistema se necesitaría sumar unos 300 millones a la cifra presupuestada. El ministerio estima en su memoria que en 2013 el número de dependientes atendidos crecería hasta los 850.000. De ser así, se necesitarían otros 200 millones más, de lo que deducimos, bien una mala técnica presupuestaria; bien el triste preludio de nuevos recortes", explica Ramírez. 

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